El juez Norberto Oyarbide había cerrado un caso de corrupción en el que se investigaba a Carlos Liuzzi, segundo del poderoso Carlos Zannini. Lo había sobreseído por negociaciones incompatibles con la función pública. Se había denunciado que una empresa vinculada a Liuzzi hacía negocios con la Secretaría Legal y Técnica. Y se había archivado el capítulo de la denuncia referido al incremento patrimonial de Liuzzi. Cuando trascendió que en diciembre pasado el juez Oyarbide había detenido un allanamiento por un llamado de Liuzzi, las cosas cambiaron. El fiscal Patricio Evers, que intervino en la causa del enriquecimiento de Liuzzi, pidió el desarchivo para que se investigue cómo hizo el funcionario para hacer crecer su patrimonio. Oyarbide señaló que no se podía desarchivar porque era "cosa juzgada" y Evers apeló a la Cámara.

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